Estudio particularizado teórico-práctico sobre los privilegios procesales de los altos cargos, autoridades y funcionarios públicos en el proceso penal español y en el Derecho comparado. La institución del aforamiento en España no tiene justificación alguna, porque es el país que más supuestos contempla. Sólo en los cargos de origen político podríamos estar hablando de más de 2000 casos, si añadimos otros campos como el judicial o fiscal, podríamos llegar a más 10.000, y si contamos a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que también están aforados, la cifra es realmente escandalosa, pues pasaría de 200.000. Eso es, sencillamente, un auténtico despropósito, que no se produce en ningún país de nuestro entorno cultural y jurídico como demostramos en este tratado, y nos lleva además a una constelación difícilmente conciliable con nuestra Constitución, porque el principio de igualdad está irremediablemente conculcado. Los autores lo corroboran ante todo de forma práctica, pues se sistematizan, estudian y critican todas las sentencias del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia en donde aflora cualquier privilegio procesal de los altos cargos, autoridades y funcionarios públicos españoles y no españoles, resoluciones dictadas por aforados, y no es casualidad, siempre a favor del aforamiento.