La Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador, y su aplicación reglamentaria han introducido una amplia modificación en la forma de acceso a la abogacía que, por el momento, se traduce en la necesidad de cursar un master oficial de carácter habilitante y, posteriormente, de superar una prueba de acceso convocada por el Ministerio de Justicia.Sea como fuera esta transformación tiene un importante reflejo en el esquema de funcionamiento y de formación de los estudiantes de derecho. Las Universidades han asumido la gestión de un master oficial que presenta alguna peculiaridad frente a los criterios y los conocimientos que se habían impartido en los master de Abogacía con una importante carga de conocimientos de derecho corporativo y de las reglas de ejercicio profesional que no formaban parte de aquellos.En este contexto los esfuerzos por conseguir un material de apoyo que permita tener la información suficiente para el desarrollo y el seguimiento de las enseñanzas que se realizan en el master y que constituyen el entramado esencial del examen estatal redoblan la importancia que puede atribuirse a cualquier información docente. El conocimiento de los elementos esenciales de este nuevo tramo de la vida a caballo entre lo profesional y lo docente son, así, un elemento central para la consecución del desarrollo profesional.