La problemática de fondo a que se refiere el enjuiciamiento de género es la utilización de estereotipos de género nocivos. Negar la existencia de agresión sexual cuando no se ha manifestado una negativa rotunda. No valorar objetivamente el testimonio de una mujer basándose en que tardó en denunciar, en su manera de comportarse, o en la imposibilidad de recrear los hechos al detalle. No contratar o despedir a una trabajadora por razón de su embarazo, maternidad o, más ampliamente, por encontrarse en edad fértil. Desconocer la situación real de vulnerabilidad de una mujer en situación de discriminación múltiple.
Por su propia definición, enjuiciar supone valorar la prueba practicada en un juicio para identificar unos hechos a los cuales se les anuda una determina­da consecuencia jurídica prevista en la norma. Cuando en ese silogismo judicial se introduce un prejuicio de género, se distorsiona la valoración de la prueba, la identificación de los hechos y la aplicación de las normas jurídicas; en suma, se quiebra la objetividad.
A través del enjuiciamiento de género, según se define por Naciones Unidas y el Consejo de Europa, se pretende erradicar los prejuicios del enjuicia­miento y posibilitar su erradicación en las relaciones jurídicas.
El enjuiciamiento de género no solo es una meto­dología de aplicación e interpretación de las normas jurídicas que pretende una mayor igualdad efectiva entre los sexos; también es un instrumento necesario para conseguir la imparcialidad en todas las decisio­nes judiciales, fortaleciendo la independencia judicial.