La coexistencia en nuestro ordenamiento juridico de diversas regulaciones -estatales, autonomicas y locales- aplicables al ejercicio de las actividades economicas, junto con las normas procedentes del Derecho de la Union Europea, tiene como resultado un mosaico juridico cuya complejidad dificulta apreciar la existencia de un patron comun que los integre. Sin la debida perspectiva, es facil que la aplicacion de las normas genere una situacion de competencia entre las instancias territoriales de poder, celosas de la salvaguarda de sus competencias.La jurisprudencia constitucional española ha participado en esta situacion de conflictividad hasta fechas recientes.