Acceso a la información pública y transparencia Aborda el estudio sistemático de la legislación europea y española sobre el derecho de acceso a la información púbica y el régimen legal de la transparencia, planteando las cuestiones generales y sectoriales de aplicación, el régimen legal del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y la jurisprudencia europea y nacional habida sobre el tema. Presentación La aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, constituye un hito que incorpora a nuestro ordenamiento jurídico más allá de previsiones propias de acceso de los interesados a la información pública en el procedimiento administrativo; de regulaciones sectoriales como la Ley 27/2006, de acceso a la información pública en materia de medio ambiente o del trámite de información pública como elemento de información y participación en la adopción de regulaciones administrativas un principio activo de publicidad y un derecho de acceso a la información pública subjetivamente universal y muy objetivamente muy amplio, matizado con límites, sujetos a interpretación restrictiva como se ha encargado de decir el Tribunal Supremo (STS 3.ª, 3.ª, de 16 de octubre de 2017, ECLI:ES:TS:2017:3050), excluyendo que la potestad de limitar el acceso tenga naturaleza discrecional. La transparencia y el derecho de acceso a la información (complementado por las normas de buen gobierno), son ejes fundamentales de toda acción política (Exposición de motivos) habría que añadir, de toda acción política democrática que es la que se ejerce dentro de los límites del Estado de Derecho (artículo 1 de la Constitución) en el que, todos los poderes públicos están subordinados a la Constitución y las leyes (artículo 9.1 de la Constitución).Solo mediante la transparencia y el reconocimiento y garantía de un derecho de acceso a la información se puede conseguir: i) un mejor control de los poderes públicos y de las políticas públicas que desarrollan; ii) una herramienta efectiva que refuerce la lucha contra la corrupción en sus variadas formas; iii) un elemento para rendir cuentas de la gestión desarrollada. Por eso la transparencia y el acceso a la información son elementos esenciales para favorecer el crecimiento económico y el desarrollo social. Nada como la exposición de la acción política al espejo público de la transparencia y del derecho de acceso a la información para reforzar un Estado de Derecho y asegurar la subordinación a la norma de los poderes públicos. No en vano, en materia de medio ambiente, por ejemplo, ya desde el Convenio de Aarhus, se remarcó la necesidad de que los Estados asegurasen el derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente, derecho reforzado con una reformulación de la legitimación activa introduciendo en su artículo 9 le acción popular en esta materia.