Hace ahora exactamente medio siglo que se aprobó la Ley de la Jurisdicción Contecioso-Administrativa de 1956 (en adelante, Lj 1956). Esa excelente ley, impropia del momento político que vivía nuestro país, quiso poner bajo control judicial toda la actividad administrativa. Trató de eliminar o reducir los tres ámbitos de inmunidad o exención jurisdiccional tradicionalmente reconocidos a la Administración: los actos discrecionales, los actos políticos y los actos normativos (los reglamentos), hasta entonces vedados al conocimiento de la jurisdicción contecioso-administrativa. Para ese fin contó con el apoyo de la jurisprudencia y de la doctrina, que trató de apurar al máximo las posibilidades que ofrecía el texto legal en la lucha contra las inmunidades del poder, magistralmente sintetizadas por el profesor García de Enterría.