La coalición de militares, carlistas y falangistas que se sublevó en julio de 1936 desplegó una violencia extrema contra los sectores que identificó como enemigos, para generar un estado de terror que impidiera cualquier disidencia. Esa violencia tuvo muchas formas y alcanzó también a los bienes materiales. Los primeros meses fueron testigos de numerosos saqueos, robos, incautaciones y exacciones irregulares. El interés por controlar esos recursos económicos impulsó una legislación iniciada con el decreto 108 y las comisiones de incautación de bienes y culminada con la Ley de Responsabilidades Políticas. Este libro analiza la dimensión de ese expolio; quiénes los sufrieron y por qué; qué discursos se articularon para justificarlo; cómo se defendieron las personas expedientadas; y qué dimensión tuvo el castigo. Se nos revela así una violencia pensada más para castigar que para recaudar, pero también para legitimar la sublevación y el terror, cuyos efectos se prolongaron en el tiempo mucho más allá de lo que suele creerse