Por la razón y el derecho : historia de la negociación colectiva en España (1850-2012) / Ángeles Barrio Alonso.

Por: Barrio Alonso, ÁngelesTipo de material: TextoTextoDetalles de publicación: Granada : Comares, 2014. Descripción: 247 p. ; 24 cmISBN: 978-84-9045-181-6Tema(s): Collective bargaining -- Spain -- History | Negociaciones colectivas -- España | Negociaciones colectivas -- Derecho -- EspañaResumen: El proceso para la institucionalización de la negociación colectiva en España, que fue muy largo y problemático, va en paralelo a las tentativas de democratización del sistema político y corrió, en ese sentido, su misma suerte. Desde los primeros años del siglo XX no faltó la voluntad política para establecer los cauces jurídicos propios del contrato de trabajo y la negociación colectiva, pero todos los intentos que se llevaron a cabo por parte de los sucesivos gobiernos de Alfonso XIII, ya en el trámite preparatorio, ya en el parlamentario, fracasaron. Hasta la Segunda República, y con el socialista Francisco Largo Caballero al frente del Ministerio de Trabajo, no fueron aprobadas en el Parlamento las leyes que ofrecían un cauce jurídico múltiple para la negociación colectiva garantizando, además, con ello, los derechos sindicales. Años más tarde, en la dictadura de Franco, la negociación colectiva reapareció bajo la fórmula peculiar que, a falta de libertades y derechos sindicales, ofrecía la Ley de Convenios Colectivos de 1958. Pero no fue hasta finales de los años setenta, en plena transición a la democracia, y legalizadas en mayo de 1977 las centrales sindicales, cuando la concertación social alcanzó una forma institucionalizada madura, especialmente con los Pactos de la Moncloa en 1977, el primero y más decisivo en una etapa de grandes acuerdos que llegó hasta 1985, cuando España ingresó oficialmente en la actual Unión Europea. Hoy, después de más de treinta años de experiencia ininterrumpida de pactos y concertación, el diálogo social está roto desde el momento en que la reforma laboral implantada en febrero de 2012 por el gobierno de Mariano Rajoy devolviera las relaciones laborales a la época en las que el patrono era el amo y señor del proceso productivo, al prescindir del convenio colectivo y su función normativa, dejando en manos del empresario decisiones que antes eran colectivas, con lo que ello supone de recorte para los derechos sindicales de representación y participación....
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Índice

Bibliografía: p. 223-240.

El proceso para la institucionalización de la negociación colectiva en España, que fue muy largo y problemático, va en paralelo a las tentativas de democratización del sistema político y corrió, en ese sentido, su misma suerte. Desde los primeros años del siglo XX no faltó la voluntad política para establecer los cauces jurídicos propios del contrato de trabajo y la negociación colectiva, pero todos los intentos que se llevaron a cabo por parte de los sucesivos gobiernos de Alfonso XIII, ya en el trámite preparatorio, ya en el parlamentario, fracasaron. Hasta la Segunda República, y con el socialista Francisco Largo Caballero al frente del Ministerio de Trabajo, no fueron aprobadas en el Parlamento las leyes que ofrecían un cauce jurídico múltiple para la negociación colectiva garantizando, además, con ello, los derechos sindicales. Años más tarde, en la dictadura de Franco, la negociación colectiva reapareció bajo la fórmula peculiar que, a falta de libertades y derechos sindicales, ofrecía la Ley de Convenios Colectivos de 1958. Pero no fue hasta finales de los años setenta, en plena transición a la democracia, y legalizadas en mayo de 1977 las centrales sindicales, cuando la concertación social alcanzó una forma institucionalizada madura, especialmente con los Pactos de la Moncloa en 1977, el primero y más decisivo en una etapa de grandes acuerdos que llegó hasta 1985, cuando España ingresó oficialmente en la actual Unión Europea. Hoy, después de más de treinta años de experiencia ininterrumpida de pactos y concertación, el diálogo social está roto desde el momento en que la reforma laboral implantada en febrero de 2012 por el gobierno de Mariano Rajoy devolviera las relaciones laborales a la época en las que el patrono era el amo y señor del proceso productivo, al prescindir del convenio colectivo y su función normativa, dejando en manos del empresario decisiones que antes eran colectivas, con lo que ello supone de recorte para los derechos sindicales de representación y participación....

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