La reciente aprobación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, establece un nuevo régimen básico, de aplicación a todas las Administraciones, en el ámbito del empleo público, tanto funcionarial, como laboral. El Estatuto tiene por objeto establecer los principios generales aplicables al conjunto de las relaciones de empleo público, regular aquello que es común al conjunto de los funcionarios de todas las Administraciones Públicas, así como las normas legales específicas aplicables al personal laboral a su servicio. Se justifica por la necesidad de refundir en el marco de un modelo coordinado y ajustado a nuestro tiempo, la dispersión normativa existente hasta el momento en esta materia, en aras de mejorar la calidad de los servicios que el ciudadano recibe de la Administración.