La tarjeta o crédito revolving como producto crediticio supone la puesta a disposición del cliente de una línea de crédito hasta un límite pactado que, se paga de forma aplazada, mediante unas cuotas periódicas fijadas en el contrato, que pueden consistir bien en un porcentaje de la deuda o en una cuota fija, que el cliente puede elegir o variar dentro de unos mínimos fijados por la entidad. Estas cuotas que se abonan, pueden volver a formar parte del crédito disponible, renovándose de manera automática a su vencimiento mensual y, sobre el capital dispuesto se aplica el tipo de interés pactado. Unos altos intereses remuneratorios derivados, esencialmente, de los mayores riesgos que asumen las entidades crediticias o los establecimientos financieros de crédito que los ofertan, al ser fácil su acceso, carecer de garantías, apenas trámites para su concesión y una flexibilidad en su disponibilidad y modalidad de pago, por lo que, sobre tales bases, cabe plantear, si están sujetos a la Ley de 23 de julio de 1908 sobre Represión de la Usura, tal como lo han entendido las sentencias del Pleno de la Sala de lo Civil, de 25 de noviembre de 2015 y de 4 de marzo de 2020 y considerarlos nulos por usurarios, o, en su caso, atendiendo a la normativa de protección de consumidores, operar sobre la exigencia del doble control de transparencia. En este contexto, la presente obra se va a centrar en analizar lo que representan tales tarjetas o créditos revolving, sus características, diferencias con otros productos crediticios, asimismo, la doctrina jurisprudencial fijada en las citadas sentencias del Tribunal Supremo, que, si bien tras la primera resolución derivó en una importante litigiosidad en el seno de nuestras Audiencias Provinciales; la aplicación a estas tarjetas o créditos tanto de la legislación de la usura como de la normativa de protección de consumidores y de transparencia bancaria; la importancia del deber de información precontractual concretado en el Proyecto de Orden de 2019 de modificación de la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre que, tiene como objetivo proteger al cliente de estos productos, facilitando un consentimiento informado, y, en fin, la incidencia de la moratoria no hipotecaria ante la crisis del Covid-19 prevista en el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo.